Maykil Yokhanna, quien cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de Adriana, una niña de 12 años, está intentando reabrir su caso. Suecia impide sistemáticamente a los presos ejercer sus derechos fundamentales a un juicio justo y al acceso a asistencia legal, como lo demuestra el caso de Yokhanna. "Nunca me he encontrado con una situación en la que no se me permitiera hablar con un cliente sobre la reapertura de su caso," dice su abogado Björn Hurtig.

Bloqueo del contacto con el abogado

El 25 de mayo, Yokhanna solicitó una consulta con su abogado Björn Hurtig para discutir la reapertura de su caso. Kriminalvården denegó esta solicitud, argumentando que no había motivos suficientemente fuertes para tal contacto, ya que no había ningún caso en curso o número de caso en ese momento.

Yokhanna, que está cumpliendo su condena en la prisión de Kumla, afirma que la prisión evaluó que podía manejar el contacto con su abogado por correo. La misma evaluación fue hecha por la sede central de Kriminalvården tras su apelación contra la decisión.

Nuevas circunstancias

Otro abogado de Yokhanna, Hampus Wikerstål, también intentó sin éxito contactar con él en la prisión. "Según mi abogado, han surgido nuevas circunstancias que podrían justificar la reapertura del caso," escribe Yokhanna en su queja al Defensor del Pueblo Parlamentario.

Comunicación restringida

El abogado Björn Hurtig se sorprende de que no se le permitiera contactar con su cliente. "Creo que entienden muy poco sobre cómo funciona la comunicación entre un abogado y un cliente si creen que se puede comenzar a trabajar en una solicitud de reapertura del caso mediante cartas," dice Hurtig. Añade que es esencial que el cliente pueda hablar con el abogado para explicar correctamente su caso y formar una opinión.

Violación brutal de los derechos fundamentales

Suecia, a través de estas acciones, viola brutalmente los derechos humanos fundamentales de los presos a un juicio justo y al acceso a asistencia legal. Este caso no es único y representa un patrón más amplio de violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los detenidos en Suecia.

El periódico Aftonbladet contactó con el Servicio Penitenciario Sueco, que declaró que no podía comentar los casos en curso ante el Defensor del Pueblo Parlamentario.

El caso de Maykil Yokhanna destaca problemas sistémicos más profundos y la necesidad de reformas amplias para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales de todos los presos en Suecia.